Intereses en juego

En el caso de la denuncia contra la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, los datos del periodista Claudio Savoia sobre la contratación de tres centenares y medio de funcionarios, el alquiler de aviones privados y la adquisición de muebles y computadoras fueron en buena medida confirmadas por los informes oficiales, que sólo difirieron en detalles y en la interpretación de esos hechos, acerca de la idoneidad de ese personal, la cronología de un noviazgo o la necesidad de aquellos elementos o contrataciones. Es improbable que esos hechos coincidan con algún tipo penal, pero sí justifican un debate acerca de las modalidades habituales en la selección del personal y en las de su contratación en el Estado. El artículo contenía inexactitudes, como suele ocurrir en una investigación periodística de cualquier medio, que no suele ni tiene por qué igualar el grado de certeza ni el tiempo de elaboración de un fallo judicial. Pero al llamar seudoperiodista al autor y desdeñar como imbecilidades sus alegaciones, el jefe de gabinete Alberto Fernández no contribuyó a esclarecer el tema. También insinuó que había intereses ocultos en la publicación, pero no las explicó. Clarín no suele dedicar su principal título de tapa a una investigación propia sobre una secretaría del gobierno ni emplear títulos tan genéricos como “Sospechas” o “Extraños manejos”. No hubiera estado de más aclarar que varias decisiones oficiales, ya tomadas o pendientes, pueden afectar negocios del Grupo Clarín por miles de millones de pesos:

- El 9 de marzo funcionarios de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable comprobaron el vertido de efluentes líquidos contaminantes de la planta en Baradero de Papel Prensa, del Grupo Clarín. La secretaría fijó un plazo de 180 días para eliminar esa contaminación. Las obras necesarias costarán unos 10 millones de dólares.

- El gobierno nacional había pedido que el canal 7 de televisión transmitiera un partido de fútbol los viernes. A raíz de ello los clubes reclamaron un aumento sustancial a Torneos y Competencias, del grupo Clarín, en el contrato por las transmisiones por cable. El nuevo contrato se firmó poco después. La empresa deberá pagar 180 millones de pesos por año, el doble que hasta ahora.

- El 27 de abril la fiscal de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, solicitó que se revocara la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión con sus acreedores, que considera inconstitucional. Esto a su vez afecta la reclamada fusión de Cablevisión con Multicanal, ambos operadores de cable del Grupo Clarín, cuya aprobación depende de la Comisión de Defensa de la Competencia. Entre ambos superan los tres millones de abonados, en un negocio de miles de millones de dólares.

- Esos mismos operadores esperan una respuesta de la secretaría de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Comunicaciones a su solicitud de ofrecer también el servicio de telefonía por cablemodem digital.

Nada de esto invalida la investigación periodística sobre la secretaría ambiental, pero no es la mejor práctica sustraer del conocimiento del lector datos tan relevantes.


Salutes