Asi funciona la "justicia" argentina

Entre la Justicia de San Martín y la Bonaerense de San Miguel lograron en dos días lo que la ciencia médica no pudo resolver en 33 años: le devolvieron la voz a un sordomudo de 36 años. Hugo Sosa, que de él se trata, fue detenido hace ocho meses acusado de violación por una mujer que aseguró haber estado conversando con él. Una patrulla de la 1ª de San Miguel le dio la voz de alto y como no respondió, entre nueve policías lo molieron a palos; le leyeron sus derechos siendo sordo y le hicieron firmar la acusación en su contra siendo mudo e iletrado. Sosa tampoco entiende el lenguaje de señas por el simple motivo de que apenas si lo estudió hace más de un cuarto de siglo. Para comunicarse usa señas inventadas por él que sólo entienden su familia y los más cercanos. El fiscal Marcelo Segarra le tomó declaración sin la presencia de un defensor y ante una intérprete de señas, ubicada de apuro y que después reconoció no haber entendido ni mu. Igual, Segarra acusó a Sosa de abuso sexual agravado, apoyado en la supuesta confesión de un sordo, mudo, sin señas e iletrado. Desde marzo, Sosa es inquilino en Sierra Chica. Allí, en el silencio nocturno de cada día, el sordomudo está aprendiendo que en la cárcel el canto de la presunción de inocencia no tiene eco. Podrá ser que la Justicia sanmartiniana sea sorda, pero no es muda y habla por sus fallos: apenas concluida la feria judicial, ordenó que el mudo tuviera su juicio oral.
En la foja 9, de la IPP 526468, es decir, el expediente judicial, con la carátula de abuso sexual grave, consta la “notificación” a Sosa, Hugo Daniel, de que fue “aprehendido”, que se le “formará una causa” y, como formalidad, se le participan siete “derechos”. Los dos primeros son absurdos para la imaginación: el derecho a ser “informado sin demora, en un idioma que comprenda” –aclara el artículo– sobre su detención, el nombre del juez y demás. El tercero es imposible de imaginar: Sosa tenía el derecho de llamar por teléfono a un abogado. También le aclararon que no está obligado “a declarar en su contra”, pese a que horas más tarde el fiscal utilizaría su “declaración”, muda por cierto, como confesión de parte. El quinto derecho es el que menciona aquello de la “presunción de inocencia y que de tal modo se lo trate hasta que se demuestre lo contrario”. Desde hace ocho meses, Sosa espera que se cumpla ese quinto inciso, en su celda de Sierra Chica.
Todavía más increíble y curiosa es la declaración a la denunciante. De ésta surge que Sosa “comentó” en una ocasión, “dijo” en cuatro (una de ellas “entre palabras y señas”), ella le “preguntó” a él en una ocasión; le “contestó” en otra; le “dijo”, en tres momentos diferentes, y en uno de esos sorprendentes intercambios de palabras, él escuchó lo dicho y “se negó”. Mucho más curioso es que él se molestara por los “gritos” de la víctima y le dijera “que se callara porque si no le iba a pegar”.


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