La crueldad de las cárceles

Decir que las cárceles de la provincia son violentas no requiere de demasiado estudio. Lo interesante es determinar de quién proviene esa violencia, cómo y por qué, cuantificar, cualificar y sistematizar la información. Y luego hacerla pública. Hoy, el Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, presentará su tercer informe cuyo título, El Sistema de la Crueldad III, es mucho más transparente que lo que encierran los muros sobre los que trata. Por un lado dice que se está hablando de un sistema de crueldad y no de un jefe de penal despiadado y corrupto; por el otro, el número, III, indica que si algo ha cambiado en estos años, ha sido poco. En rigor, el informe subraya la necesidad de reconocer que para solucionar el problema de la violencia carcelaria hay que reconocer y tener en cuenta que el sistema se sostiene sobre tres patas, los tres poderes del Estado. Una prolija y minuciosa tarea de recolección de datos del propio CCT fundamenta la presentación: basta decir que se determinó por cifras recogidas entre presos y por escuetas informaciones oficiales, que en las cárceles de la provincia ocurrieron durante este año seis mil hechos de violencia, a razón de 500 mensuales, de los cuales al menos ocho por mes resultan en muertes o heridas graves de una o más personas. Capítulo aparte merecen el maltrato a las mujeres con hijos prisionalizados y embarazadas, 76 y 22 respectivamente, en las cárceles bonaerenses.

El fallo Verbitsky de la Corte Suprema nacional, en mayo de 2005, puso un freno al crecimiento geométrico del hacinamiento en las cárceles bonaerenses: como cita el informe del CCT, la población carcelaria se redujo de 30 mil a 25 mil. Pero el descenso más notable se produjo en personas alojadas en comisarías, de 6035 se redujo a 2982, más del 50 por ciento desde el día del fallo de la Corte. Pero la situación sigue prácticamente igual: el 73 por ciento de los presos no tiene condena firme, o sea, para la Constitución es inocente y para los jueces, no.

En el informe, además, la negativa del ex ministro de Justicia Eduardo Di Rocco a brindar información se mantuvo desde el inicio de su gestión. De todos modos, el CCT, por otras vías, logró relevar 66 muertes en un año, entre junio de 2006 y junio de 2007. El CCT presentó 572 hábeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención (golpizas, torturas, traslados constantes, falta de asistencia médica) que afectaba a aproximadamente siete mil internos. Pese a las apelaciones ordenadas por el ex ministro, en el 73 por ciento de los casos hubo resolución favorable.

Capítulo aparte lo ocupa la situación de mujeres e hijos en prisión. El informe cita que entre la población carcelaria femenina, 76 mujeres están presas con sus hijos menores de cuatro años, que viven junto a ellas como presos. También el informe cita que a la fecha de su producción, había 22 mujeres embarazadas. Los jueces, como cita el informe, no aplican medidas alternativas a la prisión. Por otro lado, las cifras de fallecimiento por VIH siguen ocultas en un agujero negro, encubiertas con el diagnóstico de paro respiratorio no traumático.


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