El fiscal federal Luis Comparatore pidió indagar a una veintena de comisarios de la Policía Federal por su presunta participación en una maniobra ilegal con el cobro de timbrado para la elaboración de pasaportes y cédulas de identidad, informaron fuentes judiciales.
El fiscal solicitó la medida ante el juez federal Marcelo Martínez De Georgi, al considerar "llamativo" que los responsables de distintas áreas del Departamento Identificaciones Personales no hayan detectado que se cobraran timbrados que no eran ingresados.
Comparatore realizó la presentación para que el juez evalúe "ampliar la imputación contra los jefes superiores jerárquicos". El fiscal se había opuesto al cierre del sumario en el que ya fueron procesadas ocho cajeras de la PFA por supuesta defraudación al Estado, por un monto estimado en 735.723 pesos, entre marzo de 2000 y febrero de 2004.
El fiscal cree que hubo "peculado", figura que reprime al funcionario que sustrae dinero o efectos cuya administración, percepción o custodia haya sido confiada en razón de su cargo.
La causa comenzó a investigarse en 2004, tras una denuncia del comisario Jorge Mario Chacoma, uno de los oficiales cuya indagatoria reclamó el fiscal.
Los otros pedidos de indagatoria están dirigidos a los jefes de distintas áreas de la PFA relacionadas con la tramitación de pasaportes, cédulas y certificados.
Del sector Timbrados del Departamento de Identificaciones Personales, se solicitaron indagatorias para un suboficial mayor, un inspector, tres subinspectores y un ayudante.
Entre los jefes de la División Documentos y Certificados fueron imputados seis comisarios; del Departamento Identificaciones Personales, fueron pedidas indagatorias para otros once.
La denuncia indica que se cobraban trámites correspondientes a pasaportes, cédulas y certificados, y en los respectivos formularios se asentaba el timbrado que expedía la máquina de cada una de las operadoras; pero luego se realizaba un segundo pedido por un valor similar usando los tickets que esta vez no se entregaban a los solicitantes del primero.
El dictamen destacó que una auditoría determinó que ya en 1997, las cajeras del Sector Timbrados no entregaban a los solicitantes los comprobantes de pago correspondientes y que no se efectuaba el cotejo entre la recaudación y los trámites recibidos, lo que imposibilitaba vincular los ingresos con lo que realmente se abonaba.
Salutes
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