Violencia Policial contra los Jóvenes

Un informe sobre violencia institucional en América latina afirma que la que ejerce la policía contra niños, niñas y adolescentes es “física, verbal, psicológica y sexual” y tiene “ciertas particularidades” porque pese a ser “generalizada y extendida, se comete en la clandestinidad y con prácticas de encubrimiento”. El trabajo realizado por el Capítulo Infancia de Periodismo Social cita a expertos y ONG del continente –incluyendo a la Argentina– y sostiene que las prácticas de “control social” de los agentes del Estado se basan en “ciertas representaciones sociales sobre los adolescentes” que vinculan “pobreza con violencia y delito”, hasta transformar “al adolescente pobre en ‘peligroso’”. Esto lleva a que la mayoría de los jóvenes identifiquen a la policía “como un peligro, no como una instancia a la que puedan recurrir en busca de protección”.

El informe, denominado “Violencia institucional: niños y niñas víctimas de quien los debe cuidar”, fue realizado por Cielo Salviolo, Gisela Grunin y Eduardo de Miguel. Se afirma que las medidas que se aplican son “cada vez más punitivas, incluida la detención a gran escala de presuntos miembros de bandas”, lo cual está asociado con “la arbitrariedad, la ineficacia y una imposición violenta de la ley”. Eso contribuye aún más a “estigmatizar a los jóvenes pobres y a la violencia”, tal como ha señalado el experto brasileño Sergio Pinheiro en el Estudio Mundial contra los Niños, presentado el año pasado ante las Naciones Unidas.

Respecto de la Argentina, en el informe se dice que “al menos 119 jóvenes de entre 15 y 25 años fueron muertos en 2006, víctimas de la violencia institucional”, según los datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que desde 1983 lleva “un pormenorizado archivo que ya suma más de 2200 casos de ‘gatillo fácil’ y torturas que terminaron con la muerte de las víctimas a manos de miembros de las fuerzas policiales o de seguridad estatal”.

Mariana Barrenechea, de Correpi, sostiene que en la Argentina hay una “represión preventiva” hacia los sectores “más conflictivos para la gobernabilidad del país, esto es los sectores más pobres propensos a la organización y al enfrentamiento con el Estado”. Esto convive, dice Barrenechea, con una “represión selectiva” dirigida a “los sectores organizados que participan activamente de la política nacional”. En ese marco, ocurre “una muerte día por medio”. La mayoría son jóvenes: “Del total de víctimas de 2006, el 67,78 por ciento tiene entre 15 y 25 años y más del 90 por ciento proviene de las zonas más pobres”.

La entidad sostiene que “el acoso policial contra estas personas y las limpiezas sociales son expresiones de esta clase de estereotipos que contribuyen a agravar el ciclo de la violencia, al producir antagonismo y desconfianza entre jóvenes y autoridades. La idea es abonada por Murillo, de DNI-Costa Rica, para quien “las vulnerabilidades sociales y la falta de oportunidades para el ejercicio de sus derechos humanos” transforman a los jóvenes en víctimas del aparato del Estado. “Al ser víctimas de la exclusión social y el empobrecimiento, quedan expuestos a ser clientela del sistema penal”, define Murillo.

En el informe sobre violencia institucional también hay críticas para sectores de la prensa, por no ocuparse o por tratar sin profundidad el problema. Un análisis comparativo sin antecedentes, publicado por la Red ANDI América Latina sobre el estudio –en 2005– de más de 240 mil textos leídos en 121 diarios de diez países de la región, reveló que en ese período se publicó “poco menos de un millar de textos (954) enfocados en ella (la violencia institucional) como tema principal, lo que equivalía al 4% de todo lo publicado sobre violencia en general.”

Al mismo tiempo, las noticias presentaban “uno de los peores desempeños en el aspecto de la calidad”, con apenas “un 5 por ciento de ellas incluyendo un enfoque de búsqueda de soluciones que ofrezca al lector caminos posibles para terminar con esta vulneración de derechos”. Además, incluían “un uso frecuente de términos peyorativos que tienden a culpabilizar a los chicos y reforzar prejuicios sobre ellos”. Este enfoque llegó “al 25% de los casos” en los medios argentinos.

Karyna Sposato, de Unicef Brasil, sostiene que “los medios también juegan un rol importante en denunciar y poner en evidencia situaciones de conflicto, pero lamentablemente, la prensa y sus medios están más preocupados con la venta de noticias que con la formación ciudadana”.


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